Financiación europea al servicio de la ocupación

Financiación europea al servicio de la ocupación

Empresas y organismos israelíes cómplices –e incluso partícipes– de la ocupación de Palestina han accedido a fondos de investigación de la Unión Europea, en plena contradicción con el derecho comunitario e internacional.

Entre los años 2007 a 2013, bajo el programa marco de la UE conocido como FP7, algunas de estas empresas ya tuvieron acceso a estos fondos destinados al I+D. Algunas de estas entidades han repetido y seguirán recibiendo fondos comunitarios hasta el año 2020 dentro del nuevo programa marco denominadoHorizon 2020 (2014 - 2020).

En los últimos, años presionada en gran parte por la opinión pública europea, la UE se ha visto obligada a introducir ciertas cláusulas en sus relaciones con Israel. Lo que a primera vista parecían gestos críticos y rotundos, en la actualidad son papel mojado en relación con las reclamas de la sociedad civil o las obligaciones derivadas del derecho internacional. Por su parte, la última pataleta israelí de cercenar el contacto político con la UE sobre el (mal) llamado “Proceso de Paz” no es más que el síntoma de un régimen acostumbrado a la impunidad sistemática. Por tanto resulta conveniente hacer una pequeña radiografía sobre las relaciones económicas entre la Unión Europea e Israel, para recordar una vez más ese abismo que separa la realidad de la retórica europea.

El contexto jurídico

Por un lado está el derecho internacional, que es vinculante tanto para los Estados miembro como para la UE, y por otro lado los actos legislativos de la Unión en relación a Palestina. Dentro del derecho internacional y a falta de un consenso claro, hay quien considera que el derecho internacional humanitario – que regula los conflictos – debe considerarse como una parte fundamental de las 'normas imperativas'. Estas normas, también conocido como jus cogens en el derecho internacional, no pueden ser derogadas bajo ninguna circunstancia. La violación, por tanto, de estas normas crea una obligación en los terceros Estados en aras de hacer cumplir los tratados y derechos vigentes. Dentro de este contexto, la opinión consultiva emitida por la Corte Penal Internacional en verano de 2004 sobre el muro israelí era evidente: ““Todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de la situación creada por dicha construcción”. Para más inri la opinión consultiva también llamaba a los terceros Estados a hacer valer el Cuarto Convenio de Ginebra, una alusión velada a la política colonialista de Israel.

De otra parte tenemos el Tratado de Asociación UE-Israel, que en su artículo segundo indica que el respeto por los derechos humanos y los principios democráticos son una guía fundamental del acuerdo. Esta fue una de las bases por las cuales 63 eurodiputados exigieron el año pasado la suspensión del acuerdo, con el recuerdo del último asalto a Gaza aún grabado en la retina. Para ser más explícitos, en el año 2013 la Comisión aprobó una directriz en relación a las colonias israelíes y su acceso a premios, subvenciones e instrumentos financieros de la UE. El documento viene a decir que las entidades con domicilio legal en el actual Israel (pre-1967) están exentas de cualquier prohibición siempre y cuando las actividades no se desarrollen parcial o totalmente en los territorios ocupados, que según la directriz son: Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Pero de nuevo este documento, a pesar de estar en línea con el derecho internacional, no es un acto legislativo vinculante para la UE y es tan solo otro brindis al sol para mantener las apariencias.

El I+D europeo al servicio de la ocupación israelí

La rubrica actual de las relaciones político-comerciales entre la UE e Israel viene dada por el ya mencionado Tratado de Asociación, firmado en 1995 y con entrada en vigor en el año 2000. Estos tratados son el instrumento que usa la Unión Europea para dotar a determinados países de un acceso preferencial al mercado europeo, abarcando desde cooperación tecnológica hasta liberalización de mercados y aranceles. En el año 2014 el estado de Israel y la Comisión Europea firman un tratado anejo para que las entidades israelíes puedan optar a financiación científica en el marco de H2020, como ya ha ocurrido en el pasado con otros programas marco de I+D.

Previo al inicio oficial del H2020, el Consejo y el Parlamento Europeo aprobó laregulación que establece el marco general del programa. En el Artículo 19.2, bajo el titulo de “Principios Éticos”, la regulación establece que solo los programas con fines exclusivamente civiles pueden optar a el programa de financiación científico. Pero para hacer valer dicha regulación la Comisión Europea tan solo publicó una guía de “auto-evaluación ética”, que a su vez introduce la excepción de que las entidades o tecnologías militares no quedan excluidas del programa siempre y cuando la investigación tenga aplicaciones civiles. Así, la Comisión Europea parece contradecir la regulación aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo en el 2013, desdibujando los límites ya de por sí difusos entre los ámbitos civil y militar. Es por esto que las entidades israelíes que reciben financiación europea deberían estar sujetas a un control mucho más estricto, no solo por la trayectoria de estas empresas sino por el contenido de los programas en los que colaboran.

En relación al capítulo “Sociedades seguras” del programa H2020, hay una guíaespecífica que profundiza más en las bases legales y las evaluaciones éticas. El texto comienza aclarando que cualquier propuesta contraria a los principios éticos o condiciones generales establecidas por la decisión del Consejo puede ser excluida del proceso en cualquier momento. Pero en seguida se hace evidente que la denominada “auto-evaluación ética” es un mecanismo insuficiente. En las primeras fases de la solicitud, es la propia entidad la que debe identificar posibles cuestiones éticas y cómo afrontarlas. Una vez la solicitud es aprobada y si la evaluación ética fuera desfavorable, la Comisión puede optar por una “autorización ética condicional” mediante la cual impone nuevas medidas que abarcan desde la designación de un asesor independiente hasta una mera adaptación metodológica. No solo es extremadamente ambiguo el mecanismo de auto-evaluación que aplica la Comisión, además dista mucho de ser transparente. La Coordinadora Europea de Comités y Asociaciones por Palestina (ECCP) formalizó el pasado mes de febrero una petición de información dirigida nada menos que a la Alta Representante de la UE Federica Mogherini. Como no podía ser de otra forma, hay un especial interés por saber qué hacen empresas militares israelíes como Elbit Systems y Israeli Aerospace Industries con dinero público europeo y por saber en qué consisten exactamente esas “auto-evaluaciones éticas”. A continuación reproducimos la respuesta ofrecida por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)¹.

La respuesta, presuntamente elaborada o aprobada por un Director regional del SEAE, viene a decir que la participación de entidades israelíes está sujeta a la directriz presentada por la Comisión en el 2013 y tan solo concierne “restricciones geográficas en relación al domicilio legal y lugar de actividades de las entidades en cuestión” [énfasis añadido]. Esta es una lectura solo parcial e interesada de dicha directriz, pues la misma en su punto 12 (b) especifica que las entidades israelíes serán elegibles si no operan en los territorios ocupados “en el marco de los instrumentos financieros financiados por la UE o de otro modo” [énfasis añadido]. Lógicamente, la investigación militar se lleva a cabo dentro del propio Israel, pero es ya bien sabido que su 'campo de pruebas' es Cisjordania y Gaza. El término no es baladí, pues las propias empresas armamentísticas israelíes se vanaglorian con la etiqueta “Tested in Combat” para luego exportar su armamento y técnicas represivas a la UE y el resto del mundo. Y por último conviene recordar que varios gobiernos europeos, incluido el español, suspendieron cautelar y temporalmente el comercio armamentístico con Israel mientras bombardeaban Gaza en el verano de 2014.

En el actual programa H2020, hay 70 entidades israelíes participando en más de 200 programas de investigación según datos recopilados por la ECCP. Entre las entidades israelíes de carácter militar se encuentra a Elbit Systems, Israel Aerospace Industries y en menor medida, el instituto tecnológico Technion. También está presente Motorola Solutions Ltd., filial israelí de la empresa Motorola que en el pasado ha instalado sistemas de videovigilancia en las colonias ilegales israelíes. Finalmente, en el apartado académico, se encuentra la Universidad Hebrea de Jerusalén cuyo campus está construido parcialmente en tierras confiscadas de Jerusalén Oriental y que en el año 2014 firmó un contrato con la filial israelí de Lockheed Martin a través de una empresa tecnológica vinculada a la universidad. Algunos de los proyectos de investigación tienen una clara vertiente de uso dual (civil-militar) y esto se hace aún más relevante en el contexto israelí, atendiendo a la naturaleza de un régimen que busca perpetuar una ocupación militar ilegal; donde la permeabilidad entre las esferas civiles y militares es prácticamente total. La Comisión (y los Estados miembro) ignora deliberadamente la directriz aprobada en el 2013, saben perfectamente que el estado israelí usa tecnología punta para bombardear la diminuta Gaza o munición de guerra para dispersar manifestaciones. A continuación un breve resumen de proyectos orwellianos donde lamentablemente también participan entidades del Estado Español.

El primero de estos proyectos, en el que participa el Instituto Technion, busca innovaciones en el ámbito de la movilidad sostenible en los sistemas de transportes. Entre sus objetivos se destaca el mejor conocimiento de la movilidad para influenciarla y cambiarla más fácilmente, predicción de actitudes y patrones de movilidad y finalmente, políticas de movilidad, productos y servicios para hacer frente a nuevas necesidades. Pero claro, Cisjordania que está descuartizada por cientos de checkpoints del ejército israelí, sería de nuevo un 'campo de pruebas' excelente para poner en práctica estos conocimientos y continuar cercenando la continuidad geográfica de lo que queda de Palestina. En seguida nos encontramos con un proyecto coordinado por una entidad israelí, la Univerdad Bar Ilan, y no es nada menos que un simulador de interrogatorios investigativos y de recolección de inteligencia para las fuerzas de seguridad de los estados. Participa también el Ministerio de Seguridad Pública israelí y el Ministerio del Interior del Gobierno Español. Muy de cerca se encuentraIsraTeam98, una empresa de gestión de crisis cuyos ejecutivos son oficiales en situación de reserva de las fuerzas israelíes. Esta empresa, junto con Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y la Universidad Politécnica de Madrid, están desarrollando una “plataforma de juego” para responder a amenazas terroristas o del crimen organizado. En un estado donde la sombra de la tortura y el asesinato crece a diario, ya sea a plena luz del día y en las calles ² o entre los muros de sus decenas de prisiones y centros de detención, resulta revelador que la Comisión no haya visto indicios para una suspensión ética de un proyecto de este tipo. Israel además tiene encarcelados a 7.000 prisioneros políticos de los cuales más de 100 encarcelados tienen menos de 16 años. En último lugar encontramos agrupados Emza Visual Sense y el Ayuntamiento de Valencia en un proyecto con el acrónimo FORENSOR, cuyo objetivo es nada menos que desarrollar un nuevo sensor autónomo de recolección de evidencia forense. Esto es, un dispositivo inalámbrico, miniatiruzado y de bajo consumo que ayude en la vigilancia y avise a agencias y fuerzas de seguridad ante la “identificación de actos criminales pre-definidos” según se puede leer en la propia web. Suena especialmente práctico para el control, observación y monitorización constante que Israel ejerce sobre las vidas palestinas, tanto en Cisjordania como en Gaza.

Ante todo, los proyectos aquí destacados son algunos que hasta la fecha demuestran una clara finalidad dual. Esto es, que pueden fácilmente traspasar las ya difusas fronteras entre la seguridad “civil” y la seguridad “militar”, algo cotidiano en el contexto israelí. Sin hacer un ejercicio de gran imaginación ya hemos encontrado cuatro proyectos que sin duda tienen muy fácil aplicación para las fuerzas israelíes en la perpetuación de la ocupación ilegal de Cisjordania y Gaza. Aún quedan proyectos por asignar pero hasta entonces debemos ser conscientes de que, como dijo el historiador israelí Ilan Pappé, es el momento de trasladar la presión del boicot desde la esfera social a la esfera política (en el sentido más institucional de la palabra). Hace escasos días el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (párr. 17) pidió la elaboración de una base de datos sobre empresas vinculadas a las colonias israelíes, pero Mogherini se reunió semanas antes con Netanyahu para tantear la posibilidad de relanzar el Tratado de Asociación. Tal es la hipocresía de la Unión Europea.

Descarga aquí la infografía completa.

1.- Ya se interpuso una reclamación y la Comisión agotó el plazo legal de respuesta el pasado 31 de marzo. Un agencia delegada de la Comisión (INEA) acaba de hacer una desclasificación [exceptuando nombres de observadores] de un informe de carácter genérico, alegando que no puede desclasificar informes de evaluación sobre los proyectos de Israeli Aerospace Industries por “protección de intereses comerciales”.

2.-  [AVISO: IMÁGENES VIOLENTAS] En el siguiente artículo (24 marzo 2016) puede verse un video de un soldado israelí ejecutando a un presunto atacante palestino, disparándole en la cabeza con su arma reglamentaria mientras el presunto atacante está tendido en el suelo y sin recibir atención médica. El resto de los soldados ni se inmutan.

Fuente: Charlie Donnelly, Dispara Mag