El derecho de propiedad en Israel: solo para los judíos

El derecho de propiedad en Israel: solo para los judíos

El gobierno está implementando una política no oficial de anexión, que no concede iguales derechos a quienes son anexionados, mientras que, al mismo tiempo, les priva de la defensa legal a que tienen derecho como personas protegidas ya que, según dicen, allí no hay ocupación.

Colonos judíos corren hacia el pueblo cisjordano de Asira al Kibiliya, cerca de Nablús, en el curso de unos enfrentamientos con residentes palestinos, el 3 de julio de 2011. Según los testigos, los enfrentamientos estallaron después de que los colonos cortaran olivos pertenecientes al pueblo. Un portavoz del ejército hebreo dijo que un israelí resultó herido por una piedra antes de que las fuerzas de seguridad dispersaran a la multitud. (Foto: REUTERS / Omar Abed Kasimi)

En nuestro anterior texto, sobre un nuevo documento de Yesh Din, “De la ocupación a la anexión”, exploramos las diferentes formas en que el gobierno israelí ha puesto en práctica el Informe Levy. Este texto se centra en otra cuestión crucial: la supresión del derecho de propiedad de los palestinos.

Antes del Informe Levy, el gobierno israelí tuvo mucho cuidado de evitar legalizar la confiscación de propiedades palestinas, salvo cuando podía argumentarse que era debido a apremiantes necesidades militares (“confiscación militar”) o cuando se afirmaba que eran tierras del estado y que nunca, de hecho, habían sido propiedad privada. Esto sucedió así, en parte, porque las leyes de ocupación exigen que el ocupante proteja la propiedad privada de las personas protegidas de los territorios ocupados. Los recursos judiciales contra los puestos de avanzada ilegales, el 80 por ciento de los cuales están construidos, al menos en parte, en tierras palestinas privadas, han impugnado ese enfoque.

Y entonces llegó el Informe Levy, que declaraba que el gobierno tiene derecho a construir asentamientos y puestos de avanzada en Cisjordania. Aparentemente, esta afirmación era inofensiva, pues su puesta en práctica no amenazaba directamente a las propiedades de personas privadas.

Veamos algunos ejemplos. El futuro del puesto de avanzada Adei Ad —que estaba en el corazón de otro de nuestros informes, “The Road to Dispossession”— está siendo debatido por el Tribunal Superior de Justicia. El informe detallaba cómo unos civiles israelíes se apropiaron de tierras palestinas privadas recurriendo a la violencia contra los residentes palestinos, que intentaron defender sus tierras, mientras las autoridades israelíes se mantuvieron al margen. Aunque el informe fue publicado en 2013, la realidad que describe sigue existiendo hoy en día.

Como muestra nuestro documento, el gobierno israelí se basa en una interpretación legal muy laxa para legalizar una serie de puestos de avanzada ilegales, con la excusa de que son, de hecho, vecindarios de asentamientos preexistentes, aunque en ocasiones estén fuera de la jurisdicción de su “asentamiento madre”. La ministra de justicia Ayelet Shaked ha llegado a jactarsede que “todo el que conozca Adei Ad, sabe que el estado ha adoptado una postura diferente estos días”.

El gobierno informó al Tribunal Superior de Justicia que, aunque el puesto de avanzada era ilegal, no tenía intención de eliminarlo. Al contrario, anunció que iba a legalizarlo. Así, en la práctica, lo que Shaked quiso decir fue que “decidimos dar a un premio a los delincuentes”.

Si el gobierno dijo al tribunal en 2008 que tenía la intención de hacer cumplir la ley, algún día, y evacuar los puestos de avanzada, su postura cambió radicalmente en 2011. Ahora, el gobierno dice que aplicará la ley solo en los casos de estructuras construidas en tierras privadas, mientras se dispone a legalizar las construidas en tierras del estado. El Informe Levy vio la luz en 2012. En 2013, el gobierno dijo que, en algunos casos, las “razones de estado” pueden prevalecer sobre la aplicación de la ley. En 2015, el gobierno habló expresamente de legalizaciones retroactivas.

Otro caso que representa la supresión de los derechos de propiedad de los palestinos es el de Amona. Amona es el puesto de avanzada ilegal más grande de Cisjordania y una parte importante del suelo en el que se asienta pertenece a los residentes palestinos, a los que se arrebató violentamente sus propiedades. El gobierno se opuso, en los tribunales, a la evacuación de Amona una y otra vez. A finales de 2014, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que Amona debía ser evacuado para finales de 2016. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Aceptó el dictamen y las instrucciones del tribunal? No. Trató de burlar la orden judicial mediante un nuevo proyecto de “ley de reordenamiento”.

Esta ley sigue una de las observaciones formuladas en el Informe Levy, según la cual es preferible compensar a los palestinos cuyas tierras han sido confiscadas que evacuar a los intrusos. Así, una vez que se compruebe que un puesto de avanzada fue construido ilegalmente en tierras palestinas, los propietarios de las mismas se verán obligados a aceptar una indemnización y renunciar a sus derechos de propiedad.

Por consiguiente, según el Informe Levy, todas las personas son iguales ante la ley, pero algunas son más iguales que otras. ¿Tienes tierras? ¿Te las quitaron unos intrusos judíos con la ayuda del gobierno? No les evacuaremos, sino que legalizaremos el robo. Aquí tienes 30 monedas de plata. Oh, ¿no quieres cogerlas porque tienes miedo de vivir junto a unos israelíes que ya han demostrado su propensión a la violencia? ¿No coges el dinero porque no quieres favorecer la expansión judía en Palestina? Usted verá. Sus derechos de propiedad están subordinados a nuestros derechos históricos. Hágase un favor a usted mismo y háganoslo a nosotros y tome el dinero, porque, de todas formas, este puesto de avanzada no será eliminado. Permanecerá aquí, le guste o no. ¿Que un tribunal ha dictaminado lo contrario? Cambiaremos la ley. ¿Qué hay de sus derechos? ¿Qué derechos?

El proyecto de ley menciona tres puestos de avanzada y una parte de un asentamiento: tres puestos de avanzada que el tribunal ya había ordenado suprimir y uno cuyo caso está todavía en los tribunales. Amona es mencionado específicamente como un puesto de avanzada afectado por el proyecto de ley. Los políticos ni siquiera tratan de ocultar el hecho de que el objetivo del proyecto de ley es impedir que el Tribunal Superior de Justicia ralentice la violación de los derechos de los palestinos. Por si acaso, el proyecto de ley —que está congelado por el momento— permite que otros puestos de avanzada se amparen en él después de que sea aprobado.

Las respuestas del gobierno al tribunal y el “proyecto de reordenamiento” afectan a los puestos de avanzada cuyo destino fue dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia o está siendo debatido en los tribunales. Pero los ministros del gobierno, que son gente con mucha visión, no solo se han preocupado del pasado y del presente, sino también del futuro. Se supone que el “comité de reordenamiento”, creado por el primer ministro Netanyahu, ofrecerá otras soluciones, ya que tiene el mandato de “examinar las evidencias necesarias para probar la propiedad de las tierras”. Para decirlo sin rodeos: su propósito es dificultar todavía más que los palestinos puedan probar que son los propietarios de las tierras. El propósito del comité es crear “un esquema para la legalización de estructuras y vecindarios de los asentamientos judíos en Judea y Samaria que fueron construidos con el apoyo de las autoridades”.

El gobierno israelí nunca autorizó las recomendaciones del Informe Levy, aunque las ha apoyado y llevado a la práctica en secreto. 

¿Y qué pasa con las personas que viven allí? Ese es su problema. Deberían haber vivido en otro sitio. ¿No entienden la indirecta?

Fuente: The right to own property — for Jews alone, Aletho News, 28/02/2016

Acerca del traductor: Javier Villate mantiene el blog Disenso, con artículos, análisis y traducciones sobre Palestine, Israel y Medio Oriente. Le puedes seguir en Twitter como (@bouleusis)

(*) Yesh Din es una ONG que trabaja para defender los derechos humanos de la población civil palestina bajo la ocupación israelí.

Fuente: Yosi Gurvitz, Yesh Din* / Traducción: Javier Villate, Blog Disenso